La Fiscalía General de la República (FGR) investiga 11 suicidios de mujeres ocurridos el año pasado en una cárcel de máxima seguridad en el estado de Morelos, al sur de la capital del país, que no fue construida para albergar a mujeres y donde hay mil 174 reclusas, informaron el martes las autoridades. Según explicó la Secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, la “ola de suicidios” comenzó en marzo del año pasado y concluyó en diciembre, cuando se puso en marcha un plan integral para evitar que siguieran repitiéndose estos sucesos y analizar los problemas que llevaron a esas mujeres a quitarse la vida.
Ciudad de México, 14 de mayo (SinEmbargo).- Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reveló la mañana de este martes que de marzo a diciembre de 2023, se registró una “ola de suicidios” de mujeres en el Centro Federal de Readaptación Social Número 16 (Cefereso 16), ubicado en Morelos, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga cada uno de los 11 casos.
“El penal para mujeres federal número 16 comenzó a operar el 27 de octubre de 2015. Es una serie de problemáticas, es multifactorial, no es solamente una causa la ocurrencia de suicidios. Voy a explicar algunos. Este penal fue diseñado para albergar a dos mil 528 personas privadas de la libertad, pero no se consideró que el espacio sería ocupado por mujeres y se omitió integrar la perspectiva de género en su internamiento”, informó.
Rodríguez Velázquez destacó que en la actualidad ya se trabaja en un modelo integral y “para que el centro penitenciario reúna la condiciones de habitabilidad e infraestructura adecuada para las mujeres privadas de la libertad, aunque en el contrato original no se consideró esta condición”. “Decir que no son iguales las condiciones para los hombres que para las mujeres en cualquier circunstancia”, declaró desde Palacio Nacional.
“Los gobiernos de los estados, aunado a eso, han solicitado apoyo para el traslado de mujeres privadas de la libertad, consideradas en las entidades como de alta peligrosidad, lo que ha significado que las internas se sientan abandonadas por las familias y sus redes de apoyo, debido a la distancia. Precisar que el penal está ubicado en el estado de Morelos, y pues de ahí llegan de todo el país y es difícil a veces que los familiares que viven en Chiapas o en Chihuahua estén en constante visita con ellas”, explicó.
La funcionaria detalló que el 60 por ciento de la población está sentenciada, mientras que el 40 por ciento restante ha tenido largas estancias en el penal en etapa procesal. “De las mil 174 mujeres que actualmente se encuentran recluidas, 450 tienen sentencias superiores a 20 años de prisión; aunque hay casos de 350, 215 y más de 100 años”, precisó.
“Estos elementos han desarrollado desesperanza entre las mujeres privadas de la libertad, quienes expresan desaliento ante la falta de un proyecto de vida. En marzo de 2023 se registró el primero de 11 suicidios; el segundo, cuatro meses después, en julio. En agosto ocurrieron dos sucesos; en septiembre, otros dos; y uno en octubre; en noviembre fueron tres casos; y el último en diciembre”, reportó.
La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana compartió que estos lamentables decesos pusieron a colaborar a todas las instituciones para brindar la atención necesaria, por ello, “acudieron expertos de diferentes dependencias a una intervención para detener la ola de suicidios y elaborar un diagnóstico de la problemática que la originó”.
“La intervención interinstitucional ha sido integral, atendiéndose las diversas solicitudes de las mujeres privadas de la libertad, además de que se ha promovido en la medida de lo posible el acercamiento de las familias, facilitándoles la comunicación con ellas y con sus redes de apoyo. Estas tareas han incidido en su estado emocional y físico, con lo que, con esto, en lo que va del 2024 no se ha registrado ningún deceso en este penal”, subrayó.
Durante la conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la encargada de la SSPC apuntó que “se trabaja de manera interinstitucional en un modelo integral para mujeres en reclusión que considere la asignación de recursos materiales y humanos que permitan la organización y el buen funcionamiento de las áreas en que albergan mujeres, atendiendo a sus necesidades específicas; así como la urgencia de implementar acciones junto con la autoridad en materia de salud, tendientes a brindarles una buena atención médica”.
“Algunas acciones de diciembre de 2023 al 15 de abril de 2024. Durante este periodo se han brindado en total 59 mil 480 atenciones particulares, personales. De ellas, 13 mil 457 son consultas de medicina general, odontología, optometría, oftalmología, y otras especialidades de estudios de rayos X o electrocardiogramas, también urgencias y cirugías; cuatro mil 631 consultas de salud mental, tanto de seguimiento psicológico como psiquiátrico; mil 422 comunicaciones vía televisita y videollamadas”, enlistó.
En su mensaje, Rosa Icela Rodríguez dio a conocer que han habido “sesiones de las mujeres privadas de la libertad con sus familiares a través de este sistema de videollamadas, de interconexión también con otros centros, con otros penales federales y las oficinas de la Ciudad de México también del órgano administrativo; además, de videollamadas realizadas por aplicaciones de Internet, priorizando a las mujeres que carecen de visita o cuyos familiares viven en otros estados de la República”.
“Hay que decir que se han hecho también actividades deportivas, culturales y religiosas; así como otro tipo de atenciones, peticiones, quejas. Y, actualmente, la investigación de todos los casos está a cargo de la Fiscalía General de la República. Ellos son los que tienen ahora la investigación de los suicidios. Que hay que decirlo, en las investigaciones de salud mental se ha visto que, así como ocurrió en este penal, también en penales de otros países ha ocurrido el mismo caso, sobre todo cuando se trata de penales de alta seguridad”, añadió.
En la #ConferenciaMañanera, encabezada por el Presidente @lopezobrador_, presentamos el informe de seguridad; hay reducciones importantes en la mayoría de los delitos, gracias a la coordinación de los tres niveles de gobierno. 🇲🇽🕊️ pic.twitter.com/4dLkDr1Kkn
— Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) May 14, 2024
“La decisión de cada uno de los casos es diferente y cada uno lleva una investigación por parte de la Fiscalía General de la República. Entonces, estaremos en espera de cuál es el dictamen médico, cuáles son todos los procedimientos que ellos hicieron para llegar a una determinación sobre cada caso. Hay suficientes evidencias de cada uno de los casos sobre cómo ocurrieron y la Fiscalía General de la República está siendo muy precisa”, abundó Rosa Icela.
“Hay otras cosas; por ejemplo, que no menciona aquí este pequeño reporte, por ejemplo, la falta a veces también de las defensorías. O sea, cuando son casos estatales, pues ocurre, es muy difícil que vayan los defensores públicos de cada entidad a visitarlas. Entonces, ahí también tenemos un estudio sobre ese caso. Y a veces, ante tantos detenidos, a veces la propia Defensoría Pública Federal, digamos así, pues no le da el personal para atender todos los casos, entonces espacian las visitas y espacian también las defensas a las que tienen derecho por Ley”, concluyó.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), un órgano gubernamental, ha denunciado en distintas ocasiones la vulnerabilidad de las mujeres privadas de la libertad en México, cuyos derechos básicos no se respetan. Además, había reportado problemas concretos en el penal federal de Morelos cuando 400 presas sufrieron una intoxicación por alimentos en 2022.
-Con información de AP
